¿Qué está prohibido al cobrar una deuda en México? Qué prohíbe cada norma y a quién obliga

En México no existe una sola lista de prácticas prohibidas de cobranza. Existen dos listas vigentes y obligan a personas distintas. Cuando quien cobra es una entidad financiera, la lista es el artículo 132 de la Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2022, y trae veintidós conductas. Cuando quien cobra es una sociedad que otorga crédito sin ser financiera, la lista es el artículo 5 del Acuerdo A/002/2015 de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado el 1 de septiembre de 2015, y trae trece. Un colegio, un gimnasio o un condominio no están en ninguna de las dos, y aun así hay tres reglas que sí los alcanzan.

Hay un detalle que cambia la lectura de casi todo lo publicado en español. La lista que se repite en la mayoría de las páginas es de 2014 y quedó derogada el 1 de enero de 2023.

La lista que circula ya no está vigente

Las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras en materia de Despachos de Cobranza se publicaron el 7 de octubre de 2014. Su Disposición CUARTA, fracción VII, enumeraba nueve conductas prohibidas, y ésa es la lista que hoy se copia de sitio en sitio como si siguiera vigente.

El artículo transitorio DÉCIMO de la Disposición de 2022 lo dice con fecha. A partir del 1 de enero de 2023 quedan derogadas esas Disposiciones, salvo lo establecido en sus Disposiciones DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA y DÉCIMA SEGUNDA. Es derogación y no abrogación, y corre desde esa fecha y no desde la publicación.

El contenido no desapareció con la derogación. Se mudó a la Disposición de 2022 y creció de nueve conductas a veintidós, en un capítulo llamado De las prohibiciones en las gestiones de cobranza extrajudicial. A una página que cita la norma de 2014 como vigente le faltan trece conductas.

Ocho de las veintidós son omisiones

Ésta es la parte que casi nadie cuenta. Las primeras ocho fracciones del artículo 132 no prohíben agredir. Prohíben callar. Éstas son las ocho omisiones.

1. 1Omitir el nombre de la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento.
2. 2Omitir el nombre, domicilio o teléfono del despacho que está cobrando.
3. 3Omitir el nombre de las personas responsables de la cobranza.
4. 4Omitir el contrato u operación que origina la deuda.
5. 5Omitir el monto del adeudo, su fecha de cálculo o las condiciones para liquidarlo.
6. 6Omitir que se puede presentar una queja por malas prácticas a través del REDECO.
7. 7Omitir el domicilio, correo y teléfono de la unidad de la entidad financiera que recibe esas quejas.
8. 8Omitir entregar al deudor los documentos del acuerdo de pago, negociación o reestructuración.

La consecuencia operativa es concreta. Un mensaje corto y educado que dice sólo el monto y la fecha límite ya es una mala práctica, porque no dice quién otorgó el crédito ni a dónde se reclama. La norma no pide un tono. Pide la información que le permite a la persona verificar si la deuda es suya.

Las otras catorce conductas del artículo 132

Las demás sí prohíben hacer, y se ordenan en tres bloques.

Sobre la forma del contacto

• Comunicarse fuera del horario de 8:00 a 21:00 horas, según el huso horario del domicilio del deudor.
• Usar números que aparezcan como confidencial, oculto o privado en el identificador de llamadas.
• Usar un nombre o denominación que se parezca a una institución pública.
• Enviar o presentar documentos que aparenten ser escritos judiciales, u ostentarse como autoridad.
• Dirigirse de manera no educada e irrespetuosa.
• Cobrar con teléfonos no registrados por la entidad financiera en el REDECO.
• Cobrar mediante grabaciones de forma no personalizada.

Sobre a quién se le cobra

• Gestionar el cobro con personas que no son el usuario, cliente o socio deudor.
• Gestionar el cobro con menores de edad o adultos mayores, salvo que el adulto mayor sea el deudor.
• Contactar un domicilio, teléfono o correo distinto del que dio la entidad financiera o el propio deudor, obligado solidario o aval.
• Amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares, a compañeros de trabajo o a cualquier persona sin relación con la deuda.

Sobre qué se cobra y cómo se paga

• Indicar una forma de pago distinta de la que señaló la entidad financiera, o pedir que el pago se haga directo al despacho.
• Cobrar un crédito ya pagado.
• Evidenciar al deudor públicamente en redes sociales, medios masivos, listas negras, cartelones o anuncios.

La fracción del crédito ya pagado es la única de la lista que no depende de tu intención. No requiere mala fe, requiere un pago que llegó y todavía no está registrado. Es la falta más fácil de cometer y la que más rápido rompe la relación, y por eso el cierre entre lo cobrado y lo recibido deja de ser un asunto contable. Está en qué es la conciliación de pagos.

Los horarios no son el mismo, y ninguno es el que se repite

Aquí es donde más se equivoca lo publicado. Conviven tres horarios escritos con nombre de norma, y uno ni siquiera es de cobranza.

Qué régimen te toca no depende de si cobras por WhatsApp ni del tamaño de tu cartera. Depende de si otorgas crédito y bajo qué figura. El desglose de los tres casos está en es legal cobrar por WhatsApp en México, y lo que implica para una SOFOM, en cobranza para financieras pequeñas.

Qué cuenta como amenaza, según la propia norma

La fracción XXII hace algo poco común en una norma mexicana de cobranza. Define los términos que prohíbe, en vez de dejarlos al criterio de quien lee la queja.

• Amenazar e intimidar es el anuncio de un posible embargo sin la acción previa de cobranza judicial, o los actos para infundir miedo y temor. La norma aclara que puede ser de forma oral o escrita.
• Ofender es la manifestación de palabras altisonantes, gritos, insultos, desprecios o humillaciones que demeriten la dignidad del deudor o de la persona con quien se realiza la gestión.

La primera definición es la que cambia mensajes reales. Escribir que el asunto pasa a embargo cuando no hay demanda presentada es amenaza por definición de la norma, aunque el tono sea neutro. No hace falta que suene agresivo para que lo sea.

El límite opuesto está escrito en otra norma. El artículo 284 Bis del Código Penal Federal aclara que informar las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago no es intimidación ilícita. Decir lo que sigue está permitido. Anunciar lo que no vas a hacer, no. El delito completo está en qué es la cobranza extrajudicial.

Si cobras una mensualidad y no otorgas crédito

Ninguna de las dos listas te nombra. El acuerdo de 2015 define entidad comercial como la sociedad que de manera habitual otorga crédito al público, y cobrar una colegiatura no es otorgar crédito. La Disposición de 2022 sólo alcanza a entidades financieras. Eso no te deja sin reglas.

1. 1El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Prohíbe a cualquier proveedor aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales. El acuerdo de Profeco cierra su lista diciendo que incurrir en esas conductas es una práctica abusiva y coercitiva en términos de ese artículo.
2. 2El artículo 284 Bis del Código Penal Federal. Sanciona la cobranza extrajudicial ilegal cuando hay violencia o intimidación ilícitos, por cualquier medio.
3. 3La ley de datos personales. Alcanza a cualquiera que trate datos de una persona, sin importar el giro. La vigente se publicó el 20 de marzo de 2025 y sustituyó a la de 2010.

Conviene tratar las dos listas como el parámetro que la autoridad ya escribió para el mismo acto. Nadie te va a sancionar por el artículo 132 si no eres entidad financiera. Quien reciba una queja tuya sí va a leer tu mensaje contra lo que ese artículo llama mala práctica, porque es lo único escrito que hay sobre cómo se cobra en México.

Lo que sostiene tu posición si alguien se queja

Casi todo lo prohibido se prueba o se desmiente con el registro de lo que mandaste. Sin ese registro discutes de memoria contra la memoria del otro.

Cada caso concreto se revisa con un abogado. Lo anterior es una explicación general de normas publicadas y no es asesoría legal.

Dónde entra Makatea

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